Manuel Armenta
Como se ha venido manifestando desde todos los sectores sociales, la crisis que se inició en el 2007 no sólo tenía carácter económico sino, político, sistémico, productivo…y un largo etc. que traería consigo, entre otras cosas, el desmontaje y destrucción de muchos de los avances en condiciones de vida y derechos que el proceso democrático había implementado. La realidad está siendo más grave incluso, que lo que esas manifestaciones y análisis presagiaban, como se manifiesta en una gran mayoría de ciudadanos de todas las clases, capas y sectores sociales.
La realidad que vivimos es insostenible para esa gran mayoría social, que rechaza y exige un cambio de tendencia: de las políticas, del uso que los partidos hacen de la estructura de poder político e institucional en su exclusivo beneficio y de la corrupción que lo invade todo.
El poder político instalado en todas las estructuras de Gobierno (Estado, Comunidad, Provincia y Municipio), representadas por los partidos políticos que participan de él, en mayor o menor medida, son censurados y rechazados por sus formas de ser y estar en política, que solo busca su asentamiento y el de sus militantes en las Instituciones Públicas de forma vitalicia, a costa del interés general de la población a la que representan. En consecuencia, todos los partidos (con especial incidencia en los históricos), necesitan su refundación y cambio de naturaleza, para poder ser, en alguna medida, instrumentos del CAMBIO DE TENDENCIA Y DE SERVICIO PÚBLICO a los ciudadanos, que es lo que la sociedad necesita y demanda mayoritariamente.
El referente básico del nuevo poder institucional, con capacidad real de inicio de un cambio en las políticas de “austeridad”, de servicio al interés general y a los sistemas participativos que formalicen el protagonismo y presencia no partidaria en las Instituciones del Estado, tiene su mejor expresión en Podemos (como estructura de partido político plural), en diferentes estructuras políticas de ámbito comunitario (nacionalistas u organizaciones de rupturas de partidos políticos), en los movimientos y organizaciones sociales (plurales) y en los liderazgos naturales de tipo individual (ajenas a organizaciones políticas). La Unidad Popular que millones de personas demandan para cambiar la situación, y que hoy debe tener expresión en las Elecciones Generales para acceder al Poder del Estado, es ésta y no la que se demanda desde otros escenarios interesados de la izquierda. Es esa nueva alternativa, la que deberían apoyar sin interés y protagonismo partidario y participar individualmente en la misma. La Unidad Popular HOY no puede tener expresión en el protagonismo de los partidos políticos que se rechazan y censuran….por muy de izquierda y representantes de los trabajadores que se sientan, o pretendan serlo con el referente de la historia.
Ahora y ante la Convocatoria de Elecciones en Cataluña y Generales del Estado, debemos centrarnos en unir candidaturas y candidatos con el sentir general: del cambio, y de la regeneración de las élites de los partidos y de su forma de ser y estar en la política y en las Instituciones. Mañana y en función de la fortaleza del nuevo poder popular en las instituciones públicas, unido de verdad con las demandas, las luchas y las protestas de la calle, y la actitud de unos y de otros en este proceso, habrá que decidir el camino a seguir y las formas de actuar y de confluir que hagan de la realidad posible para el interés general, las políticas del cambio.
Los partidos u organizaciones políticas, ni tienen ni deben desaparecer, salvo que la sociedad y las personas alcancen cotas de igualdad, derechos y estructuras de convivencia que hagan innecesaria la confrontación ideológica y las luchas de poder de clases o sectores sociales. Un futuro lejano en la práctica pero presente siempre como ideario político y de valores humanos. Es la realidad histórica de las transformaciones sociales, económicas y políticas y ciertos grupos de personas (convertidas en élites de poder), las que imponen las formas de proceder de los partidos y organizaciones políticas, destructivas del bien común y de sus propios militantes y seguidores, aunque en su mayoría sean ejemplares por su honestidad, sacrificio y entrega. Y es por ello, que el planteamiento no implica su desaparición, sino la regeneración del sistema imperante organizativo, y el cambio sistemático y periódico de las élites o personas que los gobiernan, que son los exclusivos responsables de la absoluta falta de representación de los sistemas democráticos y justicia social, así como de las personas y sectores o clases sociales a las que dicen defender con sus discursos.
Si bien la mayoría de representantes electos de las Instituciones Públicas en áreas de Gobierno o de cualquier otra función, procederá de las organizaciones políticas y sociales, se debe de cambiar la tendencia y práctica habitual, de que todas las contrataciones de cargos públicos que las Instituciones requieren para su normal funcionamiento, no se soporte en la militancia activista de la política, sino en la capacidad y experiencia profesional, y el compromiso ético y de servicio público, vinculado a un sistema de convocatoria público, abierto, revocable y renovable de acuerdo con los principios de eficiencia y los procesos electorales. Es fundamental que el concepto de profesionalidad en la vida política, no se aplique más allá de los cargos electos, que son quienes responden a la voluntad popular expresada en las urnas para ostentar formas de representación y responsabilidad política Institucional, y en ningún caso a la militancia ni a la organización política que presentó la candidatura.
Estos conceptos de representación Institucional y la función que en la misma deben jugar los partidos políticos y organizaciones que participan en los procesos electorales, debería ser uno de los referentes de la nueva forma de ser y estar en política, para que así se abrieran cauces a nuevas normas y procedimientos que permitieran avanzar por el camino del cambio, que también reforzaría la idea de los procesos de regeneración de algunos partidos políticos, y de otras formas de organización que adolecen de los mismos problemas de fondo.
En esta misma dirección deben incidir los sistemas de participación directa y de protagonismo ciudadano en las políticas y acuerdos básicos que las administraciones acometen, tanto con las políticas planificadas y programadas, como con las sobrevenidas. Caminos esenciales para que el sistema participativo sea real, exigiría: a) que los representantes electos mantuvieran en los ámbitos territoriales y profesionales de los que provengan, relación cotidiana de trabajo con los movimientos y organizaciones al objeto de que cumplieran también, las funciones de portavocía y representación de sus problemáticas y demandas en las instituciones; b) que el conjunto de organizaciones sociales, sindicales, profesionales, de la mujer, estudiantes, mundo de la cultura, etc.etc., reconocidas y registradas para ejercer funciones propias de sus ámbitos y territorios, dispongan de mayores competencias y protagonismo para intervenir en las políticas institucionales que les afectan directamente; y c) que cualquier tipo de política que afecte y trascienda básicamente en la vida de las personas, que deba decidirse por los gobiernos, se soporte en la voluntad popular mediante fórmulas de consulta vinculantes.
Sevilla, 8 de septiembre de 2015.
Manuel Armenta Espejo.
